Por Redacción

 

En un hecho histórico, diputados federales del Frente Ciudadano por México -conformado por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano- presentaron este jueves ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una Acción de Inconstitucionalidad contra la recién aprobada y decretada Ley de Seguridad Interior.

Jesús Zambrano, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, enfatizó en rueda de prensa que además de atentar con las libertades consagradas en la Constitución Política, esa normatividad no es la solución para atender los problemas de inseguridad que vive México.

Señaló que es imprescindible avanzar en el proceso de tener policías certificadas, profesionalizadas para dar esa seguridad que la sociedad exige y, paulatinamente en un proceso donde se fijen plazos, el Ejército regrese a sus cuarteles a realizar las actividades que tiene claramente establecidas en la Carta Magna.

“La Ley de Seguridad Interior viola principios, tratados, convenios firmados por México a nivel internacional en materia de Derechos Humanos, mismos que -de acuerdo con la propia Constitución- tienen también validez. Es necesario que la SCJN tome en cuenta estas observaciones y peticiones de organismos internacionales que igual pedían que no fuera aprobada ni decretada”, expuso.

Ahora, finalizó, la Corte tiene un trabajo y decisión importante en sus manos para las siguientes semanas y meses.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri dijo que “hoy le informamos a la opinión pública que más de 187 diputados del PRD, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena hemos presentado una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Así cumplimos en tiempo y forma con el compromiso público de impugnar dicha ley, que promovió el gobierno de Enrique Peña Nieto, subrayó.

Ahora será la SCJN quien determine, en primer lugar, si el conjunto de la ley, y en segundo término, si 28 del total de sus 34 artículos, son válidos constitucionalmente, además de si son o no consistentes con el control de convencionalidad, tema en el que señalamos conflictos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aseveró el líder perredista.

La demanda que hoy presentamos se suma y coincide con la visión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además de los argumentos que le correspondan presentar al Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a Ia Información, entre otras organizaciones ciudadanas.

Martínez Neri, dijo que el hecho sustancial es que un amplio, representativo y consistente sector del país e incluso de autoridades internacionales rechaza la Ley de Seguridad Interior que fue promovida por la presente administración, porque en vez de superar la política de militarización, la pretende hacer permanente.

En lo general, los diputados señalamos que la Ley de Seguridad Interior en su totalidad es contraria a los artículos 49 y 73 de la Constitución, porque el Congreso de la Unión no tiene competencia en esa materia y en un estado de derecho las autoridades, incluidas las legislativas, sólo pueden hacer lo que les mandata la ley.

“Con independencia de lo anterior, y en lo particular, la demanda reclama la invalidez de los artículos 1, 4 fracciones II y IV, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y segundo transitorio de la Ley de Seguridad Interior”.

Finalmente, el legislador por Oaxaca destacó que los diputados de los cuatro grupos parlamentarios consideramos como un grave error y un abuso de las mayorías en ambas cámaras, haber aprobado la Ley de Seguridad Interior sin haber escuchado todas las voces que señalamos con oportunidad sus elementos inconstitucionales e inconvencionales, por lo cual se tiene que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga respetar libertades y derechos.